El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, volvió a poner en el centro del debate la necesidad urgente de una legislación que delimite con claridad el derecho a la protesta en la vía pública, luego de una nueva manifestación del gremio municipal SUOEM, que paralizó una de las principales intersecciones del centro de Córdoba.

El reclamo del funcionario surge en un contexto marcado por el fallo de la Cámara de Acusación que, en abril pasado, absolvió a seis dirigentes sociales acusados de obstruir el tránsito durante una protesta en 2023. Según Quinteros, esta resolución dejó a la Policía en un escenario de “incertidumbre jurídica” que dificulta su accionar en manifestaciones similares. “¿Qué es tolerable y qué no? Lo de ayer, ¿fue tolerable o no? Esto genera violencia y tensión que debe resolverse de otra manera”, cuestionó el ministro.

Durante una entrevista con Cadena 3, el titular de Seguridad fue enfático en la necesidad de una normativa clara: “El derecho a la protesta es constitucional, pero en contraposición está el derecho de la gran mayoría que no protesta, que quiere circular, llevar a sus hijos al colegio y desarrollar su vida”. Y añadió: “No podemos seguir con un protocolo en el aire. Necesitamos una ley que dé seguridad jurídica a la Policía y regule las protestas”.

La última protesta, desarrollada frente al Tribunal de Faltas, incluyó cortes en arterias clave como Colón y General Paz, generando caos vehicular y quejas por parte de vecinos y comerciantes. Además, se denunciaron actos de violencia dentro y fuera del edificio judicial, donde algunas personas encapuchadas portaban palos y bengalas. Las cámaras de seguridad captaron los incidentes y el material fue remitido a la Justicia para su análisis. “Andar encapuchado no es delito, pero si eso ocurre y se comete una agresión o daño, la Policía actuará dentro del marco del Código Penal”, aclaró Quinteros.

Para el funcionario, la situación actual expone a los efectivos policiales a un riesgo constante de ser imputados si intervienen sin respaldo legal ni instrucciones judiciales claras. “Si el fiscal dice ‘déjenlos marchar’ y la marcha ocupa toda la calzada, ¿qué hace el policía?”, planteó.

Quinteros insistió en que la solución no puede recaer únicamente en la fuerza de seguridad: “La seguridad es una mesa de tres patas: el Ejecutivo con la Policía, el Legislativo creando leyes y el Judicial actuando en consecuencia. Hoy, ese marco no existe, y todo queda a la discrecionalidad”.

El ministro también alertó sobre posibles acciones futuras de protesta que, según denunció, tienen como objetivo generar un “quilombazo” en la ciudad. “No podemos permitir que ese caos moleste a cientos de miles de personas. Pero no puede ser solo la Policía; la Justicia y la ley también deben acompañar”, afirmó.

Finalmente, Quinteros se mostró confiado en que el debate sobre una ley que regule el derecho a manifestarse sin vulnerar los derechos del resto de la ciudadanía pueda darse en el ámbito legislativo.